La ONU lo tiene todo listo
El último borrador del Tratado de Cibercrimen de la ONU ha sido criticado por el grupo estadounidense de derechos digitales, EFF, describiéndolo como un retroceso significativo y una peligrosa expansión de su alcance más allá de los ciberdelitos. Esta crítica se suma a las existentes en el prolongado proceso de negociación del tratado, no solo por parte de ONGs defensoras de derechos, sino también por países miembros de la ONU.
El EFF argumenta que estos recientes avances no son casuales, sino movimientos intencionados que limitan la posibilidad de que el tratado, en caso de ser adoptado, refleje un consenso adecuado. Inicialmente, el Tratado fue concebido como un estándar global para combatir el cibercrimen. Sin embargo, según el EFF, se ha transformado en un tratado de vigilancia expansivo, debido a continuas adiciones y expansiones de sus poderes iniciales.
Una de las principales preocupaciones es lo que el EFF llama un posible exceso de alcance en las investigaciones, tanto nacionales como internacionales. En lugar de mitigar estas inquietudes, el nuevo borrador parece perpetuar las reglas controvertidas anteriores, añadiendo aún más disposiciones. Entre estas, se incluye la posibilidad de que los estados obliguen a ingenieros o empleados a socavar las medidas de seguridad, poniendo en peligro la integridad del cifrado.
Además, la versión más reciente de la propuesta de la ONU, de ser adoptada, permitiría el acceso a datos ubicados en el extranjero incluso si esto violase las protecciones de privacidad de la nación anfitriona. Este borrador se basa en disposiciones anteriores controvertidas, ampliando el alcance de las investigaciones transfronterizas a cualquier delito considerado grave, incluyendo aquellos que violan flagrantemente los derechos humanos.
Ahora, los poderes se han extendido para investigar y procesar delitos no cubiertos en versiones anteriores del tratado, lo que lleva a acusaciones de exceso de alcance. Según el EFF, esto representa un gran paso atrás debido a desacuerdos fundamentales sobre el alcance futuro del tratado y la relevancia de los derechos humanos en su implementación.
Deborah Brown, directora asociada de Human Rights Watch, ha comentado que el último borrador está preparado para facilitar abusos a escala global, extendiendo poderes transfronterizos para investigar cualquier 'delito' imaginable, incluyendo actos de disidencia pacífica o expresiones de orientación sexual, mientras socava el objetivo del tratado de combatir el cibercrimen genuino. Concluye enfatizando que los gobiernos no deberían apresurarse a concluir este tratado sin asegurarse de que refuerce, en lugar de sacrificar, nuestros derechos fundamentales.
Pero el plan para acabar con nuestra privacidad, y por consiguiente con nuestra libertad, se está llevando a cabo en múltiples escenarios. No solo la ONU, el Parlamento Europeo, Davos o el Consejo Mundial, sino que incluso en la cuna de las libertades, EE.UU., se está abordando la mayor erosión de la libertad individual a la que la humanidad se haya enfrentado jamás.
El Fiscal General de EE.UU., Merrick Garland, ha sido instado por el Senador Ron Wyden a divulgar más detalles sobre el polémico programa de Servicios de Análisis de Datos (DAS), anteriormente conocido como Proyecto Hemisferio. Este programa, que data de 1987 y fue revelado por el New York Times en 2013, permite a las autoridades acceder a registros telefónicos masivos sin orden judicial. Se estima que cada día se añaden 4 mil millones de registros a su ya extensa base de datos.
Wyden expresa preocupación sobre la vigilancia por arrastre que el programa conlleva, señalando que numerosas agencias de ley a varios niveles acceden a esta información, a menudo sin una orden judicial. Este programa ha sido un secreto bien guardado, a pesar de su extenso alcance, y se hizo público no
